Resumen de la STC 49/2013 sobre la Ley de Montes estatal (Ley 43/2003)

RESUMEN DE LA STC 49/2013, de 28 de febrero de 2013, POR LA QUE SE DECLARA LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE MONTES 43/2003.

El Tribunal Constitucional ha declarado la constitucionalidad de la Ley de Montes 43/2003.

Únicamente considera inconstitucional la disposición final segunda en tanto establece que el título competencial del artículo 56.1, no es el de investigación ( artículo 149.1. 15) sino el de legislación básica de montes (art. 149.1.23).

El artículo 56.1 establece que la AGE y las Comunidades Autónomas cooperarán en el establecimiento, mantenimiento, financiación y control de las redes temáticas y parcelas de seguimiento derivadas de la normativa internacional, sus respectivos planes forestales o los planes nacionales de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica.

En todo lo demás considera:

Bien que la modificación operada por Ley 10/2006 fue suficiente, y que el recurso ha perdido objeto (este es el caso de los artículos:

¨    7.1.a

¨    7.2.h

¨    21.2

¨    7.2.g

¨    32

¨    D.F. 3ª

¨    7.3. b)

¨    18.4 inciso “ a excepción de los declarados como de interés gral por el Eº”

¨    21.7

¨    37.b)

¨    49.2

¨    63

¨    D.T. 3ª

¨    7.2.c)

¨    46.1

¨    47.3

Bien que la ley es constitucional,

¨    7.3.b)

¨    21.4

¨    36.5 en la medida en que exige que el informe sea favorable

¨    37 a

¨    42

¨    46.2

¨    47.1

¨    56.1

¨    D.A.1ª

Se procede a continuación al examen de la STC pero siguiendo el orden de los preceptos impugnados, no el de tratamiento por el Tribunal. A continuación de cada punto se recoge el fundamento de derecho en el que se trata en la sentencia.

Artículo 7

El recurso ha perdido su objeto en relación con todos los apartados del artículo 7 impugnados, bien por haber sido derogados por la Ley 10/2006, bien porque tras la modificación no se considera inconstitucional.

¨       7.1. a) – Derogado por Ley 10/2006 (FD 3º)

¨       7.2. c)– Sobre competencia del Eº en colaboración con las CC.AA. para normalización de los medios materiales de extinción de incendios. Tras modificación se recoge competencia para dictar instrucciones de normalización, no para normalizar. (FD 4º G)

¨       7.2. g) – Sobre competencia estatal para Instrucciones de ordenación. Tras la modificación por Ley 10/2006 las Instrucciones de ordenación las aprueban las CC. AA. (FD 4º A)

¨       7.2. h) – Derogado por Ley 10/2006 (FD 3º)

¨       7.3. b) – Sobre competencia de la AGE para coordinación de redes europeas de parcelas para seguimiento de interacciones del monte con el medio ambiente. Tras la modificación por Ley 10/2006, la AGE solo colabora en el diseño (FD 4º B)

Artículo 18.4

Sobre necesidad de buscar cauces de cooperación en casos de montes catalogados afectados por una declaración de demanialidad distinta de la forestal, decidiendo la Administración que tramitó el expediente de afectación, con la excepción de los montes declarados de interés general por el Estado. Se impugnaba en cuanto a la excepción. El TC considera que la modificación consistente en que en este supuesto también han de buscarse cauces de cooperación, supone la pérdida del objeto del recurso. (FD 4º C)

Artículo 21

¨       21.2 – Derogado por Ley 10/2006 (FD 3º)

¨       21.4– Sobre deslinde de los montes de titularidad pública, se impugna por considerarse  excesivamente detallado y superar lo que se debe considerar básico. La STC considera que las determinaciones necesarias en el deslinde (cabida, delimitación sobre plano y gravámenes) se consideran garantía mínima y común de la exactitud del deslinde, son necesarias para la seguridad jurídica de la Admón propietaria del monte y para los colindantes, y los gravámenes incluso para la seguridad de los terceros. Además no agotan el margen de desarrollo de las CCAA. Por todo lo cual se considera constitucional. (FD 10º)

¨       21.7– Recogía una referencia a la publicación o notificación de la resolución definitiva de deslinde a los interesados y colindantes, que al modificarse la Ley 10/2006 se ha suprimido. (FD 4º D)

Artículo 32

Sobre instrucciones de ordenación que aprobaría el Eº. La modificación supone que las instrucciones las aprueban las CC. AA., a partir de las Directrices básicas que el Eº se reserva -sobre las que no se pronuncia pues escapa al proceso-. (FD 4º A)

Artículo 36.5

El Art. 36.5 contempla un informe favorable de los órganos competentes del dominio público sobre el instrumento de gestión cuando el aprovechamiento del monte esté afectado por zona de servidumbre, policía o afección en los dominios públicos hidráulico, marítimo terrestre, de carreteras o ferroviario, Se impugnaba que el informe tuviera que ser favorable.

La STC lo considera constitucional señalando que la técnica del informe favorable de una administración en un procedimiento que corresponde a otra permite cohonestar varias competencias concurrentes sobre el mismo espacio físico, y además no supone que la CA no tenga que dar autorización cuando sea exigible. (FD 9º)

Artículo 37

¨       37 a) sobre aprovechamientos forestales en montes ordenados, en los que es precisa la notificación previa, de forma que la denegación o condicionamiento solo puede hacerse por resolución motivada en el plazo que establezca la CA, transcurrido el cual se considera aceptado. El TC considera que ambas exigencias se encuentra cubiertas por el título competencial de la legislación sobre el procedimiento común.

  • En cuanto a la necesidad de motivar es un recordatorio de la obligación de motivar recogida en el artículo 54.1 a) de la Ley 30/1992 con carácter básico para todas las Admones Públicas.
  • En cuanto a la notificación o comunicación previa, la STC entiende que no se trata de silencio positivo, porque no hay obligación de dictar acto expreso (supuesto en el que surge el silencio). Y mantiene que la comunicación previa con veto (es decir, con un plazo limitado para que la Administración lleve a cabo su actividad de control de legalidad) forma parte de la regulación común uniforme para todos los titulares de montes ordenados. Y que no agota la regulación de la CA que puede poner un plazo de veto más o menos amplio. (FD 11º)

¨       37 b) sobre montes no ordenados (exigencia de autorización con obligación de motivar la desestimación expresa y  un régimen del silencio positivo). Al haber desaparecido con la modificación las referencias tanto al silencio como a la obligación de motivar se considera que ha perdido objeto el recurso. (FD 4º E)

Artículo 42

Atribuye al Mº de MA la facultad declarar de interés general actuaciones de restauración hidrológico-forestal fuera del dominio público hidráulico a petición de las CCAA.

El TC no se pronuncia porque no está fundamentada la impugnación. (FD 6º)

Artículo 46

¨       46.1 (competencia del Eº en coordinación con las CC.AA. para la homologación de la  formación  preparación y equipamiento del personal y normalización de los medios materiales de extinción de incendios). Tras la modificación por Ley 10/2006 se limita a establecer directrices comunes, por lo que desaparece el objeto. (FD 4º G)

¨       46.2 (obliga a un mando único y a un director técnico de la extinción con la preparación adecuada para la extinción del fuego forestal). El TC lo trata junto con el 47.1 y considera amparados ambos preceptos tanto por el título de legislación básica de montes como por el de seguridad pública (149.1. 29):

  • El de legislación básica de montes porque lo considera una regulación común mínima necesaria para garantizar eficiencia y seguridad en la extinción, que no agota la regulación por la Comunidad Autónoma, pues estas pueden definir qué se considera incendio de escasa entidad, o que se considera formación específica acreditada.
  • Y desde el punto de vista de la seguridad pública considera que en este caso existe una exigencia superior de interés nacional en imponer un mando único y un director técnico con la necesaria preparación para la extinción de incendios en un país con gran masa forestal y que sufre incendios con frecuencia (FD 12º)

Artículo 47

¨       47.1 (regula las facultades exorbitantes que asisten al director de extinción -movilización de medios públicos y privados, entrada en fincas, y medidas que suponen intervención de bienes de propiedad privada sin consentimiento de sus titulares-). La STC lo considera constitucional:

  • tanto por el título de legislación básica de montes, pues garantizan un nivel común de eficacia en la extinción y un tratamiento común de los límites a los derechos de los particulares,
  • como por el de seguridad pues la fijación uniforme de poderes de movilización de recursos y el sacrificio de derechos de los particulares se considera parte del núcleo de la competencia estatal de seguridad pública. (FD 12º)

¨       47.3 (obligación de que la Admón responsable de la extinción asuma la defensa en juicio civil y penal del Director Técnico de la extinción) se sustituye por obligación de adoptar las medidas oportunas para garantizar su defensa jurídica, desaparece el objeto del recurso. (FD 4º G)

Artículo 49.2

Sobre medidas de fomento, establecía criterios de preferencia aplicables también a las ayudas autonómicas. Modificados en el sentido de que solo se refieren a las ayudas estatales. (FD 4º F)

Artículo 56.1

La AGE y las Comunidades Autónomas cooperarán en el establecimiento, mantenimiento, financiación y control de las redes temáticas y parcelas de seguimiento derivadas de la normativa internacional, sus respectivos planes forestales o los planes nacionales de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica.

El TC considera que el título competencial no es el de investigación, sino el de legislación básica de montes, por lo que considera constitucional el precepto, e inconstitucional la Disposición final que se refiere a dicho título competencial. (FD 7º)

Artículo 63

Sobre medidas de fomento, establecía criterios de preferencia aplicables también a las ayudas autonómicas. Modificados en el sentido de que solo se refieren a las ayudas estatales. (FD 4º F)

Disposición adicional primera

ap. 2º que permite a las CC. AA. sustituir los convenios y consorcios de repoblación ya suscritos por otras figuras cuando se den determinadas condiciones. Se trata de eliminar la carga de los propietarios de compensar a la Administración cuando, más que beneficio económico del propietario lo que hay es un beneficio indirecto: para el medio ambiente.

El TC sostiene que ese tratamiento común de las condiciones en que cabe la sustitución de convenios (consentimiento de los propietarios, la carga de conservar la masa forestal, que los beneficios indirectos sean superiores a los derivados de la explotación de la finca –en cuyo caso serán los propietarios quienes sigan costeando-) responde a esa finalidad, y no se elimina el margen de las CC. AA. que pueden sustituir o no los convenios y establecer otras condiciones además. (FD 8º)

Disposición transitoria tercera

Se remite al artículo 63, que ha sido modificado, por lo que también pierde objeto el recurso. (FD 4º F)

Disposición final segunda

Inconstitucional en tanto establece que el título competencial del artículo 56.1, (a cuyo tenor  la AGE y las Comunidades Autónomas cooperarán en el establecimiento, mantenimiento, financiación y control de las redes temáticas y parcelas de seguimiento derivadas de la normativa internacional, sus respectivos planes forestales o los planes nacionales de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica) no es el de investigación ( artículo 149.1. 15) sino el de legislación básica de montes (art. 149.1.23). (FD 7º)

Disposición final  tercera

Sobre Instrucciones básicas de ordenación y aprovechamiento de los montes. La modificación por Ley 10/2006 supone que ahora las instrucciones las aprueban las CCAA, por lo que pierde objeto el recurso. (FD 4º A)