PROPUESTA DE TEXTO PARA EL ARTÍCULO 110 LJCA

Foto de Ana Cabrera

POSIBLE ALTERNATIVA A LA REDACCIÓN DE LA EXTENSIÓN DE EFECTOS EN EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

PROPUESTA PARA EL ARTÍCULO 110 LJCA

Como bien dice mi amigo Ignacio Pérez-Soba, cada vez que un político habla de «plan de choque» o de «paquete de medidas», échate a temblar.

Yo me eché a temblar cuando leí las propuestas para la agilización de la justicia.

Me preocuparon especialmente la regulación del abreviado y la de la extensión de efectos. Y me puse manos a la obra para aportar mi granito de arena. Sobre la extensión de efectos de las sentencias publiqué esto, y sobre el abreviado, esto otro.

Pero el artículo 110 sobre la extensión de efectos me sigue preocupando bastante, y reconozco que no todas las soluciones que propuse en ese post me parecían realmente viables. Por eso he intentado darles forma en el texto, y el resultado es el que aparece a continuación.

Para máxima claridad, tras cada párrafo en el que propongo modificaciones recojo su explicación.

Artículo 110.

1. Los efectos de una sentencia firme de la que se derive el reconocimiento de una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas podrán extenderse a otras, en ejecución de la sentencia, cuando concurran las siguientes circunstancias:

(Se suprime la exigencia de que la sentencia verse sobre determinadas materias, y la necesidad de un reconocimiento expreso de una situación jurídica individualizada, considerando suficiente que ese reconocimiento se derive de la sentencia. )

 a)Que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo.

(Se refiere a idéntica situación jurídico material, como se comprueba cuando en el apartado 3 se exige acreditar la identidad de hechos, fundamentos y pretensiones. Se podría aludir a idéntica situación jurídica material, pero no me queda claro si resulta suficientemente explícito, o da lugar a más confusión.)

 b) Que el juez o tribunal sentenciador fuera también competente, por razón de la materia, para conocer de sus pretensiones de reconocimiento de dicha situación individualizada.

(Es decir si el órgano jurisdiccional era competente para conocer de un acto igual, aunque no lo fuera por competencia territorial, podrá conocer en extensión de efectos. El ejemplo paradigmático es el de los actos de la Administración General del Estado. Por ejemplo el TSJ de Madrid podrá conocer de la extensión de efectos a una resolución de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, aunque lo haya dictado la Delegación de Hacienda de Teruel.)  

 c) Que soliciten la extensión de los efectos de la sentencia en el plazo de cuatro años desde la última notificación de firmeza de la sentencia a quienes fueron parte en el proceso.

(El plazo de un año es muy breve y carece de sentido. se debería ampliar al menos a cuatro años, para que se trate de una sentencia relativamente reciente, escogiéndose el plazo de prescripción en el ámbito tributario.)

 

 2. La solicitud deberá dirigirse directamente al órgano jurisdiccional que dictó en primera ó única instancia la sentencia de la que se pretende que se extiendan los efectos.

(Con esto se aclara que, aunque el derecho se haya reconocido en apelación o en casación, a quien corresponde tramitar la extensión de efectos es al órgano jurisdiccional que dictó la primera sentencia, pues se trata de un procedimiento de ejecución, ejecución que corresponde, ex art. 103, a quien haya conocido del asunto en primera o única instancia. )

 

 3. La petición al órgano jurisdiccional se formulará en escrito razonado al que deberá acompañarse el documento o documentos que acrediten la identidad de hechos, fundamentos y pretensiones, o la no concurrencia de alguna de las circunstancias del apartado 5 de este artículo.

 

 4. Antes de resolver, en los veinte días siguientes, el Letrado de la Administración de Justicia recabará de la Administración los antecedentes que estime oportunos y, en todo caso, un informe detallado sobre la viabilidad de la extensión solicitada, poniendo de manifiesto el resultado de esas actuaciones a las partes para que aleguen por plazo común de cinco días, con emplazamiento en su caso de los interesados directamente afectados por los efectos de la extensión. En caso de que no se remita el informe de viabilidad en el plazo de 20 días, o bien, una vez se haya evacuado el trámite, el Juez o Tribunal resolverá sin más por medio de auto, en el que no podrá reconocerse una situación jurídica distinta a la derivada de la sentencia firme de que se trate.

(La falta de remisión en el plazo de 20 días del informe sobre viabilidad debería entenderse como aceptación por la Administración de la extensión, por lo que el órgano jurisdiccional podrá dictar sin más el Auto, extendiendo o no los efectos de la sentencia en función de que entienda cumplidos los requisitos. No cabe duda que el órgano jurisdiccional podrá preferir esperar a la recepción del informe, pero ante la posibilidad de que no se espere, la Administración no retrasará este envío, que es lo que está ocurriendo en la actualidad.

De otro lado, en consonancia con que no se exige que la sentencia cuya extensión de efectos se solicita, reconozca expresamente una situación jurídica individualizada se alude a la situación jurídica “derivada de la sentencia firme”).

 

5. El incidente se desestimará, en todo caso, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Si existiera cosa juzgada.

b) Cuando la doctrina determinante del fallo cuya extensión se postule fuere contraria a la doctrina sentada por el Tribunal Supremo o por los Tribunales Superiores de Justicia en el recurso de casación por interés casacional objetivo regulado en los artículos 86 y siguientes de esta Ley.

(Lógicamente se recoge la referencia correcta a los recursos de casación estatal y autonómico por interés casacional objetivo actualmente vigentes.)

c) Si para el interesado se hubiere dictado resolución que haya sido consentida en vía administrativa, por no haber promovido contra ella el recurso administrativo o reclamación económico-administrativa correspondiente.

(Es decir, lo que no resulta necesario es plantear recurso contencioso-administrativo, pues de lo contrario el efecto que se produce es justamente el indeseado.)

 

6. Si se encuentra pendiente un recurso de revisión quedará en suspenso la decisión del incidente hasta que se resuelva el citado recurso.

(Se suprime la referencia al recurso de casación por infracción de ley que ha desaparecido del ordenamiento jurídico).

 

7. El régimen de recurso del auto dictado se ajustará a las reglas generales previstas en esta Ley para los recursos de apelación y casación.

(Al haberse introducido con carácter general el recurso de casación, supeditado a la existencia de  interés casacional objetivo, es preciso aludir no solo al recurso de apelación con la referencia al artículo 80 (apelación de autos) sino también al recurso de casación, que cabe contra este tipo de Autos a tenor de lo dispuesto en el art. 87 e).LJCA)