Las nuevas tasas y el recurso contencioso-administrativo

LAS NUEVAS TASAS Y EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Índice.

1. Introducción: tasas y acceso a la justicia en lo contencioso.

2. Supuestos y cuantía

3. Exenciones

4. Bonificación

5. La tasa se incluye en las costas

6. Otras modificaciones que introduce la Ley


1. Introducción: tasas y acceso a la justicia contenciosa.

El Senado ha aprobado el proyecto de la Ley de Tasas Judiciales sin aceptar una sola enmienda, por lo que la tramitación se entiende completada, y así consta en la página web del Congreso. En consecuencia, es inminente su publicación y su entrada en vigor, que se producirá al día siguiente de la misma, según prevé la disposición final séptima del proyecto aprobado.

A pesar de su indudable inconstitucionalidad (dada la desproporción de las tasas previstas en muchos supuestos, y especialmente para la primera instancia, y la imposible extrapolación de la STC 20/2012, a la que se alude en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley[i]), la hipotética interposición de un recurso de inconstitucionalidad no impedirá su aplicación, por lo que procede comentar cuál es el contenido de este proyecto, ya convertido en Ley, en cuanto a los procesos contencioso-administrativos.

Como bien dice Manuel Merelles Pérez[ii] “El establecimiento de unas tasas para el acceso a la justicia, viene a crucificar más aún a aquél a quien nuestro sistema procesal le impone la carga de instar, rogar y probar su derecho, al imputarle ahora, el coste ab initio del procedimiento frente a la posición cuasi pasiva procesalmente de aquel contra quien se ejercita una acción, que además, nada económicamente debe anticipar por el servicio del que también participa y provoca.”

Pues bien, a la dificultad del recurso contencioso-administrativo -en el que quien ocupa la posición de demandado es una Administración Pública, por lo que resulta aún más complejo acreditar que quien actúa en aras del interés público lo hace ilegalmente- se añade esta inversión económica inicial que supone el pago de la tasa.

2) Supuestos y cuantía:

La nueva Ley de Tasas supone la sustitución de las antiguas tasas -reguladas en el artículo 35 de la Ley 53/2002, y que únicamente se aplicaban a las personas jurídicas con ánimo de lucro y una determinada facturación-, por unas nuevas tasas de mucho mayor alcance y cuantía:

2.1. Interposición del recurso contencioso (con o sin demanda):

2.1.1. Fijo

  • 200  € en el proceso abreviado
  • 350 € en el ordinario

2.1.2. Variable en función de la cuantía:

  • 0,5% de la cuantía hasta 1.000.000 € (resto al 0,25%),  máx. 10.000 €
  • indeterminada, 90 € más (estos procesos se valoran en 18.000 € a los solos efectos de calcular la tasa).

2.2. Apelación:

  • Fijo: 800 €
  • Variable (= que en la interposición del recurso)

2.3. Casación

  • Fijo: 1.200 €
  • Variable (= que en la interposición del recurso)

3) Exenciones de la tasa:

Subjetivas:

  • Las Administraciones públicas territoriales (AGE, las de las CCAA y de los entes locales) y los organismos públicos dependientes de todas ellas.
  • Quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita (hay recordar que el disfrute de este derecho se verá muy limitado en la nueva ley regulatoria que prepara el Gobierno)

Objetivas:

  • Exención tanto en la Interposición como en ulteriores recursos:
    • Procedimientos protección derechos fundamentales (proceso de muy escaso uso en la actualidad)
    • Actuaciones de la Administración electoral
  • Exención solo en la  interposición (no recursos):
    • Funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios
    • Silencio negativo o inactividad de la Administración. Esta exención resulta del máximo interés, pero traerá consigo un cierto incremento de la litigiosidad, pues el interesado no esperará la resolución expresa, sino que, una vez cumplido el plazo del silencio, se apresurará a plantear el recurso contencioso para gozar de la exención.

4) Bonificación:

La bonificación del 10% para el supuesto de que se presenten los escritos por medios telemáticos es a día de hoy de imposible cumplimiento en la mayor parte de los supuestos, dado que solo en muy contados casos los Juzgados y Tribunales cuentan con los citados medios.

5) La Tasa se incluye en las costas:

La Ley modifica el art. 241 de la LEC, e incluye el importe de las tasas entre los gastos del proceso. En suma, se podrá llegar a recuperar la tasa en caso de condena en costas a la otra parte. Esto en cierto modo minora el argumento de que determinadas actuaciones de la Administración serán irrecurribles por razón de su cuantía inferior a la cuantía de la tasa aplicada al caso, aunque si que supondrá un fuerte desincentivo al recurso cuando no se tenga una gran seguridad sobre el sentido el fallo (lo que es más común de lo que habitualmente se piensa).

6) Otras modificaciones introducidas por la Ley relacionadas con el proceso contencioso:

Se ha derogado el art. 23.3 de la Ley 29/1998, por lo que los funcionarios no pueden comparecer por si mismos en el recurso contencioso que se refiera a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles. Pero esto no tendrá efectos en los procesos iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley (Disposición Transitoria Primera), aclaración que no parecía necesario precisar en la Ley, por su obviedad en aplicación del principio de seguridad jurídica que veda la retroactividad de normas restrictivas de derechos, como en este caso el derecho a la tutela judicial efectiva.

Concepción Jiménez Shaw

Abogada. Doctora en Derecho. Profesora de Derecho administrativo.


[i] PIÑAR DEL REAL, A., en “La STC 20/2012, de 16 de febrero, y el recién anunciado Anteproyecto de Ley por el que se revisan las tasas judiciales vigentes…” http://analistastc.com/2012/11/21/la-ley-de-tasas-judiciales-y-la-sentencia-202012-del-tribunal-constitucional/ , puso  de relieve por qué, la argumentación que se ofrece para llegar a la constitucionalidad de las tasas reguladas en la Ley 53/2002, y vigentes hasta el momento no es extrapolable a la que ya se ha convertido en Ley de Tasas. Y destaca como en el Fundamento Jurídico 7 de aquella Sentencia se recoge: “el derecho reconocido en el art. 24.1 CE puede verse conculcado por aquellas disposiciones legales que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador (SSTC 60/1989, de 16 de marzo, 114/1992, de 14 de septiembre y 273/2005, de 27 de octubre)”. Por ello Piñar señala: “Así pues, nos encontramos con una Sentencia en la que el Tribunal Constitucional analiza el pago de una tasa judicial únicamente al presentarse demanda en el orden civil por parte de personas jurídicas con ánimo de lucro que no sean de reducida dimensión. Difícilmente se podrían utilizar los argumentos que desarrolla el Constitucional en este caso para mantener y defender la imposición de tasas judiciales tanto en el ámbito civil como contencioso – administrativo e incluso social por parte tanto de personas jurídicas como físicas y ya sea a la hora tanto de la presentación de una demanda como de la interposición de un recurso.


[ii] MERELLES PÉREZ, MANUEL “La constitucionalidad del Proyecto de Ley de Tasas Judiciales y otras alternativas” http://noticias.juridicas.com/articulos/00-Generalidades/201211-contitucionalidad_proyecto_ley_tasas_judiciales.html