La posible modificación del proceso abreviado contencioso-administrativo (art. 78 LJCA) para agilización de la justicia tras el estado de alarma

Concepción Jiménez Shaw

21-5-2020

 

Hace ya un mes que publiqué una nota sobre la posible modificación del artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como medida para la agilización procesal. Hoy, tras conocer algunas providencias que se están dictando por jueces de lo contencioso en relación con  los juicios abreviados suspendidos, voy a proponer una reforma tomando como base la solución a estos casos que me parece más oportuna[1].

 

Con esta solución entiendo que se resuelven los dos problemas clásicos del abreviado. En primer término, su tardanza. A pesar de su nombre se suelen resolver antes los ordinarios precisamente por la demora que supone el señalamiento, es decir el establecer un día y hora para que tenga lugar la vista. En segundo lugar, que existe un trato desigual para las partes, en tanto la parte actora acude a la vista desconociendo el planteamiento de la demandada.

 

En relación con el primer problema aludido, entiendo que se puede prescindir de la vista con carácter general, pues el principio de inmediación, sustancial en otros órdenes jurisdiccionales, considero que no aporta tantas ventajas en el contencioso. No cabe duda que hay casos en que la vista oral es muy positiva, permitiendo al juez aclarar dudas, intentar acuerdos, etc. Pero lo cierto es que en temas relativamente complejos (y hay muchas cuestiones complejas, de competencia de los juzgados, que deben sustanciarse por el procedimiento abreviado) la oralidad entiendo que incluso perjudica, y parece indeseable que ni siquiera el órgano jurisdiccional pueda decidir que prefiere un trámite por escrito.

 

En cuanto al desigualdad entre las partes, considero conveniente que el abreviado contencioso administrativo se parezca al verbal de la LEC tras su modificación, en el sentido de que a la actora se le de traslado con carácter previo del escrito de contestación.

 

Para abordar esta reforma creo que hay que partir de que la modificación del artículo 78 que tuvo lugar por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, no ha dado los resultados apetecidos. Permitía que el actor solicite en la demanda que el pleito se falle sin necesidad de prueba ni vista, pero en la práctica no se utiliza, precisamente porque al principio del proceso la actora desconoce cuál será el planteamiento de la Administración.

 

En esta situación post Covid-19 se plantea la necesidad de conjugar agilización y derechos de las partes.

 

Por ello parece que la mejor solución, al menos durante la aplicación del plan de choque, aunque pueda quedar como una opción en el futuro, es transformar el abreviado oral en un ordinario simplificado cuando no haya que recibir el pleito a prueba.

 

Es decir, en los casos en que no haya más que prueba documental, se debería obligar a las partes a la aplicación de lo dispuesto en párrafo tercero del artículo 78.3 que se modificaría para recoger lo siguiente:

  • La parte demandada debe contestar en el plazo común de 15 días (o incluso menos, para máxima agilidad), y en ese mismo plazo remitir el expediente.
  • Del expediente y el escrito de contestación de los demandados se dará traslado a la parte actora, para que formule sus conclusiones por escrito en el plazo de cinco días.
  • Una vez presentadas en el plazo concedido, se dará idéntico trámite a la demandada, quedando a continuación los autos vistos para sentencia.
  • En caso de que no se presenten conclusiones por la actora en el plazo establecido, se declarará sin más trámite concluso el pleito.

 

En el supuesto de que haya personados como codemandados, se les concedería un plazo de 8 días para formalizar su contestación a la vista del expediente.

 

Para implementar esto como una medida del Plan de choque, habría que establecer que en los supuestos de juicio abreviado en que la parte actora no solicite en la demanda el recibimiento a prueba por no aportar más que prueba documental, se aplicará necesariamente el procedimiento establecido en el párrafo tercero del artículo 78, para el que se sugiere la siguiente redacción:

 

Si el actor no pide por otrosí en su demanda el recibimiento a prueba, o aporta tan solo prueba documental, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado a la parte demandada para que en el plazo de quince días remita el expediente y conteste a la demanda, con apercibimiento de que no se admitirá la contestación si no va acompañada de dicho expediente.

En caso de que haya interesados que se personen como codemandados en el proceso, deberán contestar a la demanda en el plazo de 8 días desde que se les dé traslado de esta junto con el expediente.

Del expediente y el escrito de contestación de los demandados se dará traslado a la parte actora, para que formule sus conclusiones por escrito en el plazo de cinco días.

Si el actor estimase que el expediente administrativo no está completo podrá acudir al procedimiento establecido en el artículo 55, debiendo formular la solicitud en el plazo conferido para conclusiones. En ese supuesto, cuando el expediente esté completo, se le volverá a conferir plazo de cinco días para formularlas.

Una vez presentadas conclusiones en el plazo concedido, se dará idéntico trámite a la demandada, quedando a continuación los autos vistos para sentencia.

De no presentarse conclusiones por la actora en el plazo de cinco días conferido, el proceso quedará visto para sentencia.

 

Esta redacción supone una importante agilización de los procesos en que no hay que practicar prueba, suprime la vista que se traduce habitualmente en un alargamiento del proceso por falta de fechas en el calendario del juzgado, y también resuelve la desigualdad procesal que suponía que la parte actora, al no conocer la contestación no podía arriesgarse a pedir previamente que el proceso quedara visto para sentencia.

 

Además, el proceso sólo se alarga unos días en caso de que la actora formule conclusiones, pues si no lo hace esa fase se obvia. Esto también contribuye a la igualdad de las partes, en tanto impide que los demandados se reserven sorpresas para el último escrito del proceso, pues desconocen si va a tener lugar o no. Y si la actora formula conclusiones se da también plazo de conclusiones al demandado o demandados.

Otra opción sería dar al actor un plazo de tres días para que indique si, a la vista de la contestación, desea formular conclusiones, y de ser así, conferir un plazo común a ambas partes para hacerlo.

En todo caso parece necesario insistir en que, a la vista de la contestación, incluso no habiéndose celebrado prueba, se puedan formular conclusiones en un plazo muy breve, lo que no solo facilitará la labor del juez, sino que permitirá rebatir lo alegado en el escrito de contestación. En efecto, la Administración en su contestación puede apartarse del planteamiento que se formuló en vía administrativa, o puede que este incluso se desconozca, como es el caso en que se recurre contra una desestimación por silencio. Si no existe posibilidad de alegar para la parte actora, la indefensión es palmaria. En efecto, con el trámite de conclusiones se cumplen tres finalidades, según reconoció el Tribunal Supremo en  STS 18-4-2017 (Rec. 3209/2015) a) ser un resumen de las alegaciones contenidas en los escritos de demanda y contestación;; b) valorar los resultados de las pruebas practicadas; yc) replicar, en su caso, las argumentaciones realizadas por los demandados en sus escritos de contestación (…). Tiene sentido, entonces, aunque no haya más prueba que la documental aportada por las partes. Adviértase que en este caso, además, es la primera oportunidad que tiene el actor de pronunciarse a la vista del expediente. 

Confiamos en que medidas como esta u otras similares se establezcan en los esperados Planes de agilización.

 

 

 

 

 

 

[1] La he conocido a través de otro abogado, Rafael Rossi, al que agradezco tanto que me la haya facilitado, como sus comentarios. Se trata de una providencia del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 1 de Lugo, que sigue el criterio que conocíamos de los de Pontevedra, dando un paso más al plantear la posibilidad de conclusiones que había solicitado el letrado de la actora.