4 CUESTIONES CLAVE PARA LA REFORMA DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, A PROPÓSITO DE SU 20 ANIVERSARIO

Parece mentira que hoy se cumplan 20 años de la aprobación de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, y no me resisto a comentar cuales serían los achaques que le encuentro, no demasiado difíciles de solucionar.

Obviamente cualquier modificación tendrá que esperar a un momento propicio del legislativo, que ahora no se da, pero hay que aprovechar este cumpleaños para destacar al menos cuatro reformas que me parecen  cruciales. No sé si otros administrativistas estarán de acuerdo conmigo. Aquí van:

1.- No podemos seguir con una casación autonómica sin regular, porque ello está dando lugar a una situación de absoluta inseguridad jurídica, con diferentes criterios en función del Tribunal Superior de Justicia de que se trate, que se recogen en Autos en los que se pretende suplir la falta de regulación legal. Es imprescindible que se dote de contenido a un recurso que simplemente se apunta en la ley vigente, y se ofrezca una solución idéntica para todos y factible con independencia del número de magistrados de cada Tribunal.

2.- Es inaudito que exista un trato tan diferente entre la posición del recurrente y la del habitualmente recurrido (la Administración pública) que se trasluce fundamentalmente en fase de conclusiones. El trámite de conclusiones debería ser simultáneo en el procedimiento ordinario, porque permitir que sea la Administración la que cierre el debate procesal le ofrece un indiscutible privilegio. Y debería ser obligado en la vista del procedimiento abreviado, pues de lo contrario la parte actora se puede encontrar con que no puede discutir ni un ápice de la postura del demandado que desconocía hasta unos minutos antes, mientras el demandado conoce la demanda.

3.- Tampoco parece de recibo unas costas que pueden existir, o no, y si se condena que haya un máximo, o no, y que tampoco podamos estimar la cifra máxima que se podría establecer. Sobre todo en una jurisdicción en la que la postura del ciudadano es –como ha calificado correctamente el Magistrado José Ramón Chaves- la de David contra Goliat, y en la que es mucho más habitual perder que ganar. Sugiero que se retome el criterio de la condena en caso de temeridad o mala fe, y se aplique a ambas partes, condenando también a la Administración que se empeña en sostener su criterio de forma irrazonable al haberse declarado la ilegalidad del acto o norma en supuestos similares.

4.- En la lista de deseos incluyo también que se generalice la doble instancia, hoy inexistente en la práctica para las sentencias de los TSJ y de la Audiencia Nacional, habida cuenta las limitaciones del nuevo recurso de casación por interés casacional objetivo. Ello traería consigo una reestructuración de la competencia de los distintos órganos jurisdiccionales, que debería ser suficientemente clara. No puede que ser que andemos peregrinando entre los Juzgados y las Salas porque,  con mucha facilidad -al menos últimamente-, se consideran incompetentes.

Y ya está, que en el pedir no hay engaño, pero creo que es mejor centrar el tiro.

En Madrid a 13 de julio de 2018

Concha Jiménez Shaw

Abogada. Doctora en derecho

TRAS LA PUBLICACIÓN DE UN ENLACE A ESTE POST EN TWITTER, SE HA PRODUCIDO UN ANIMADO DEBATE DEL QUE RECOJO A CONTINUACIÓN LO QUE CREO MÁS INTERESANTE, INTENTANDO ORDENARLO:

 

Emilio Aparicio @apariciosan

Las costas lo primero, no podemos seguir con una indeterminación q impide a los recurrentes conocer los riesgos de que su recurso sea desestimado. Luego habría que analizar la implantación de órganos especiales para func pública, extranjeria y tráfico y dar una vuelta a los TEAs

Fomentar las acumulaciones y pleitos testigos y regular acciones colectivas o en masa. Cambiar el tema de la prueba en los ordinarios, eso de tener que centrarla en la demanda genera más desigualdad entre las partes y, además, es ineficiente.

Y hay q dar una vuelta a la provisión de los puestos en los órganos de la jurisdicción contenciosa-administrativa. En el acceso, el derecho administrativo es el patito feo de la oposición, lo que conlleva una formación inadecuada o insuficiente en la misma que acaba repercutiendo

En la provisión de las vacantes en, sobre todo, los juzgados de lo CA. Algo hay que hacer con eso

Reducir considerablemente el nº de miembros de la Sala 3ª. Suprimir la AN y los JCCA, que no tienen, en mi opinión, más sentido que fortalecer, aún más, los privilegios de la AGE frente al ciudadano. Y ya lo dejo, que acabo haciendo un post. 🙂

Yo siempre he interpretado el 78.11 LJCA en el sentido de que las conclusiones en el abreviado son debidas salvo renuncia de las partes. Lo que no hay que ser es pesado y redundante a la hora de formularlas.

 

José Ramón Chaves @kontencioso

Espléndido. Yo añadiría que la LJCA precise la extensión de la jurisdicción; zanjado que caben nuevos motivos y pruebas, aclarar si caben nuevos hechos en vía contenciosa no alegados en vía administrativa (¿ se sigue criterio del art.118.1 LPACA o hacemos como que no existe?)

Prioridad: aclarar en la LJCA ( no mirar de soslayo el art.118 LPAC) hasta que punto la administración – desestimaciones presuntas, especialmente- o el particular pueden traer a demanda nuevos hechos silenciados en vía admtva.

 

Diego Gómez @diegogomabogado

Muy bueno @ConchaJShaw en estos de acuerdo Yo modificaría urgentemente la nulidad de actuaciones para que la resuelva el Superior y dónde no exista (TS) una Sala especial También en el abreviado como en el verbal civil introduciría la contestación escrita para igualdad de armas

En lo de la segunda instancia como mínimo también equipararlo al civil y que haya apelación con cuantías de 3.000€ (455.1 LEC)

Yo para el ordinario haría una audiencia previa como en el ordinario civil para saber de qué se va a tener que practicar la prueba lo de la demanda me parece como a Emilio muy absurdo Hay que adaptar la LJCA a la LEC

Esteban Umerez @eumrz No veo necesidad de audiencia previa. Proposición de prueba por escrito tras la contestación, como antes, quizá. Pero con la demanda más la posibilidad de ampliar vía 60.2, no he tenido problemas de prueba.

Diego Gómez @diegogomabogado Es otra opción pero tal y como está ahora no está bien es artificial En el ordinario civil si el juez se lo ha visto sólo se propone y practica prueba sobre hechos realmente controvertidos

Mr. Moon @mrmoonrises Lo de las inadmisiones de prueba, especialmente en TSJ, es una sangría. Y con la casación actual quedan “impunes” muchas cafradas.

Diego Gómez @diegogomabogado La indefensión de verdad la material del art. 24 CE esa es la que se afecta con esto que dices @mrmoonrises y el sistema no lo resuelve bien

 

@ThobicusLarep

– La contestación escrita en el abreviado arreglaría muchos problemas y agilizaría enormemente la instancia

– Establecer la no imposición de costas en la instancia (salvo temeridad) para el recurrente ante silencio administrativo

– No estoy de acuerdo con la obligatorio de las conclusiones en vista, sólo procederían si hay prueba relevante a valorar

Emilio Aparicio @apariciosan Respecto a la contestación escrita ya tenemos el 78.3 in fine de la LJCA, el cual, por lo que se ve, no ha gustado mucho a las administraciones, que (en mi experiencia personal) se niegan sistemáticamente a esa tramitación. Eso de que sea la administración la que decida …

Diego Gómez @diegogomabogado No tiene sentido que en el verbal civil en que es conflicto entre particulares se modifique la LEC por la Ley 42/15 diciendo que es para reforzar las garantías de la tutela judicial efectiva y en la LJCA en que es un conflicto del particular contra los poderes de las AAPP no

Preámbulo Ley 42/2015

Por otro lado, se aprovecha la presente reforma para introducir modificaciones en la regulación del juicio verbal con la finalidad de reforzar las garantías derivadas del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, que son fruto de la aplicación práctica de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que venían siendo demandadas por los diferentes operadores jurídicos.

Entre las modificaciones operadas debe destacarse la introducción de la contestación escrita, que deberá presentarse en el plazo de diez días, la mitad del establecido para el procedimiento ordinario, generalizando con ello la previsión que ya se recogía para determinados procedimientos especiales, lo que ha comportado la adecuación de todos los preceptos relacionados con el trámite del juicio verbal y de los procesos cuya regulación se remite al mismo, incluida la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. Igual relevancia debe atribuirse a la regulación, en aquellos supuestos en que resulte procedente, del trámite de conclusiones en el juicio verbal, así como del régimen de recursos de las resoluciones sobre prueba. Del mismo modo, siempre que el tribunal lo considere pertinente, se otorga a las partes la posibilidad de renunciar a la celebración del trámite de vista y se exige que se anuncie con antelación la proposición de la prueba del interrogatorio de la parte.

Alfredo Herranz @alfherranz Si no hay conclusiones obligadas como dice Emilio qué sentido tiene que haya una vista en el abreviado? En mis contenciosos (extranjeria) es rara la práctica de prueba

Concha Jiménez Shaw @ConchaJShaw Creo que eso no lo dice Emilio, sino @ThobicusLarep . Emilio dice que las considera obligadas por el 78.11.

– Como idea radical: suprimir el artículo 78 LJCA. Sin más.

Juan Antonio @alegrameeeldia

Podríamos añadir el contencioso de derechos fundamentales, que está creo bien regulado pero en la práctica forense destrozado

Francisco J. Ojuelos @fojuelosdotcom

Gracias por el artículo y las aportaciones. Saludos a todos. Lo que yo propondría, adicionalmente a lo que estáis debatiendo, sería lo siguiente:

  1. Aclarar la correlación entre los artículos 32.1 y 29. En caso de inactividad estricta, cuando se tramita un asunto por el procedimiento especial del 114, las Administraciones siguen alegando inexistencia de prestación concreta susceptible de ser reclamada. Esto ha tenido que ser aclarado por los Tribunales, así, entre otras: La STSJ Catalunya, Sección 2ª, Sentencia 1132/2007 de 10 Dic. 2007, Rec. 107/2007: La estimación del proceso de amparo jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona es también trámite hábil para la tutela de la pretensión de la situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para su pleno restablecimiento, como, en lo que de especial hace referencia al recurso interpuesto contra la inactividad de la Administración, la condena para que ésa cumplimente sus obligaciones en los concretos términos en que estén establecidas (art. 31 y 32 LJ), mas todo esto siempre que tengan como finalidad la de restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de los que se ha interpuesto el recurso especial (art. 114.2 LJ).

 

  1. Fijar una previsión de plazo más lógica para la remisión del expediente administrativo en el procedimiento abreviado (quince días antes de la vista no tiene sentido) y una expresa para solicitar se complete el expediente administrativo para el mismo procedimiento abreviado, dado que la aplicación analógica del artículo 55 no satisface mínimamente una igualdad de armas procesales.

Enrique V Rivero‏ @EnriqueVRivero 

Como primera sugerencia reduciría el plazo de remisión del expediente en los abreviados – 78 .3 – a uno o dos meses desde su reclamación judicial.

Marc Vilar Cuesta‏ @MarcVilarCuesta

En cuanto al art 78, imprescindible a mi juicio aclarar si cabe la prueba pericial judicial y permitir la cita de testigos con antelación al día de la vista…

Rafael del Rosal‏ @Rafael_delRosal

Que no os dejéis la legitimación activa del denunciante ético profesional contra el archivo de sus quejas en sede colegial

Miguel Ángel Blanes Climent @mablanes

El recurso contencioso-administrativo en materia de #transparencia y su necesaria reforma http://goo.gl/jZDlD9  La Administración recurre para ganar tiempo. Se tarda años en acceder a la información. El proceso judicial es lento y caro (abogado,procurador y posibles costas).